El Consejo de Seguridad no logró renovar la MINURSO, la misión creada en 1991 para organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental que nunca se ha celebrado.
Estados Unidos proponía prorrogarla un año, pero rebautizándola, eliminando la palabra «referéndum» y consagrando el plan de autonomía marroquí como base de negociación. Con once votos a favor, Rusia lo vetó. Moscú propuso entonces una prórroga sin cambios; con el voto en contra de EE. UU., solo logró tres apoyos. Ningún texto salió adelante y el mandato expira hoy.
Washington alega que la misión no ha cumplido su objetivo en cinco décadas; Rusia, que el texto prejuzgaba la negociación. Pero borrar la «R» de MINURSO no es una cuestión de redacción: suprime el único horizonte jurídico reconocido para un territorio que sigue en la lista de la ONU de territorios no autónomos.
En 1975, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que ni Marruecos ni Mauritania tenían vínculos de soberanía sobre el Sáhara Occidental. Los Acuerdos de Madrid, por los que España se marchó, no transfirieron la condición de potencia administradora, como confirmó la ONU en 2002.
Lo que casi nadie menciona: para Naciones Unidas, la potencia administradora sigue siendo España. Conserva obligaciones hacia un pueblo que fue español y que en muchos casos quedó apátrida. En 2022, una carta atribuida al presidente del Gobierno de España, publicada por Rabat y nunca confirmada por Madrid, calificó el plan marroquí como la base «más seria, creíble y realista»; muchos juristas lo ven difícil de conciliar con esas obligaciones.
Sin misión, sin referéndum y sin acuerdo, el statu quo favorece a quien controla el territorio: Marruecos, que además ha promovido el asentamiento de su propia población en el Sáhara, lo que complica saber quién votaría. La pregunta sigue siendo la de 1960: ¿quién decide el futuro del pueblo saharaui? El Derecho Internacional dice que lo decide el propio pueblo.
En 1975, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que ni Marruecos ni Mauritania tenían vínculos de soberanía sobre el Sáhara Occidental. Los Acuerdos de Madrid, por los que España se marchó, no transfirieron la condición de potencia administradora, como confirmó la ONU en 2002.
Lo que casi nadie menciona: para Naciones Unidas, la potencia administradora sigue siendo España. Conserva obligaciones hacia un pueblo que fue español y que en muchos casos quedó apátrida. En 2022, una carta atribuida al presidente del Gobierno de España, publicada por Rabat y nunca confirmada por Madrid, calificó el plan marroquí como la base «más seria, creíble y realista»; muchos juristas lo ven difícil de conciliar con esas obligaciones.
Sin misión, sin referéndum y sin acuerdo, el statu quo favorece a quien controla el territorio: Marruecos, que además ha promovido el asentamiento de su propia población en el Sáhara, lo que complica saber quién votaría. La pregunta sigue siendo la de 1960: ¿quién decide el futuro del pueblo saharaui? El Derecho Internacional dice que lo decide el propio pueblo.
PROCESO DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO SEGUIDO POR MARRUECOS
CRONOGRAMA DEL SÁHARA OCCIDENTAL
31 de octubre de 2026
Cristina Salcedo
