Marina Isla de Valdecañas: Urbanización ilegal.
La urbanización ilegal Marina Isla de Valdecañas constituye uno de los episodios paradigmáticos de la contradicción y tensión entre planificación territorial, protección ambiental y especulación turístico-inmobiliaria en la España contemporánea. El proyecto, concebido como un resort de lujo con campo de golf, hotel y marina deportiva, fue erigido sobre una isla artificial generada en el embalse del Tajo en los años sesenta del siglo XX, y ya en el siglo XXI, fue incorporada a la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves por sus valores relacionados con la cría, nidificación y reproducción de aves.
La paradoja es evidente: mientras la administración autonómica proclamaba la defensa de la biodiversidad como seña de identidad regional, simultáneamente avalaba mediante sucesivos cambios normativos y recalificaciones la transformación de un suelo no urbanizable protegido con el argumento del interés regional y la promesa de dinamización económica en un territorio periférico y demográficamente vaciado.
El complejo abrió sus puertas en 2010, pese a las múltiples denuncias de organizaciones ecologistas y a las dudas sobre la legalidad de su tramitación, desencadenando una prolongada batalla judicial que desembocó en las sentencias firmes del Tribunal Supremo, que ordenó su demolición total. A pesar de ello, su plena operatividad actual (apoyada institucionalmente y por parte de la población desde la escala local a la regional) ha revelado la dificultad práctica de revertir operaciones urbanísticas ilegales cuando estas han alcanzado un grado avanzado de materialización.
La trayectoria de Valdecañas expone con nitidez los límites de un modelo de desarrollo sustentado en la excepcionalidad normativa y en la debilidad de los instrumentos de planificación y los mecanismos de disciplina urbanística. Más allá de las responsabilidades políticas, el caso constituye un ejemplo revelador de cómo la retórica del interés general puede encubrir operaciones de beneficio particular, desdibujando la frontera entre lo público y lo privado y cuestionando la credibilidad misma de las políticas de ordenación territorial.
Antonio-J. Campesino Fernández. Universidad de Extremadura
José-Carlos Salcedo Hernández. Universidad de Extremadura
Víctor Jiménez Barrado. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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