La tragedia provocada por el incendio forestal de Almería (10 de julio de 2026), con múltiples víctimas mortales, ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda que quienes nos dedicamos al Urbanismo conocemos desde hace décadas. Hoy el dolor es lo primero y mi recuerdo y respeto están con las víctimas. Pero precisamente por respeto a ellas creo que también debemos extraer algunas lecciones.
Como arquitecto-urbanista he redactado diversos instrumentos de planeamiento urbanístico municipal. En todos ellos aparecía una cuestión recurrente: la presión para regularizar o legalizar viviendas construidas fuera del suelo urbano, muchas de ellas en diseminado y, con frecuencia, levantadas al margen de la legalidad urbanística.
VEHÍCULOS ATRAPADOS MIENTRAS SUS OCUPANTES (TODOS FALLECIDOS), HUÍAN DEL INCENDIO DE ALMERÍA.
Recuerdo especialmente los trabajos del Plan General Municipal de Hervás (Cáceres), un municipio turístico-patrimonial afectado por el problema de las construcciones ilegales en el territorio. Durante su realización, una de las razones fundamentales del equipo redactor para no incorporar estas edificaciones al modelo urbano era su exposición al riesgo de incendio forestal. No era una cuestión ideológica ni burocrática. Era una cuestión de seguridad.
Una vivienda aislada, rodeada de vegetación y dispersa por el territorio, es extraordinariamente difícil de proteger cuando se produce un gran incendio. Los servicios de emergencia deben priorizar la protección de las personas y actuar en condiciones extremadamente complejas. Cada vivienda dispersa supone un nuevo punto que defender, nuevos accesos que mantener abiertos y nuevos recursos que movilizar. En determinadas circunstancias, sencillamente resulta imposible garantizar su protección y la de sus ocupantes.
Sin embargo, durante muchos años este riesgo ha sido infravalorado socialmente. Se ha instalado la idea de que construir una casa en el campo, aunque sea irregular, apenas tiene consecuencias. Que tarde o temprano llegará una regularización. Que la Administración acabará aceptando una realidad consolidada. Mi opinión profesional siempre ha sido la contraria.
Una vivienda aislada, rodeada de vegetación y dispersa por el territorio, es extraordinariamente difícil de proteger cuando se produce un gran incendio. Los servicios de emergencia deben priorizar la protección de las personas y actuar en condiciones extremadamente complejas. Cada vivienda dispersa supone un nuevo punto que defender, nuevos accesos que mantener abiertos y nuevos recursos que movilizar. En determinadas circunstancias, sencillamente resulta imposible garantizar su protección y la de sus ocupantes.
Sin embargo, durante muchos años este riesgo ha sido infravalorado socialmente. Se ha instalado la idea de que construir una casa en el campo, aunque sea irregular, apenas tiene consecuencias. Que tarde o temprano llegará una regularización. Que la Administración acabará aceptando una realidad consolidada. Mi opinión profesional siempre ha sido la contraria.
VIVIENDA EN DISEMINADO CON PISCINA, AFECTADA POR EL INCENDIO.
EL AISLAMIENTO DE ESTAS CONSTRUCCIONES LAS HACE PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLES DE PROTEGER EN CASO DE INCENDIO.
Las viviendas dispersas no solo generan un grave impacto territorial y paisajístico. También representan una importante carga para el conjunto de la sociedad. Necesitan accesos, caminos, suministro eléctrico, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, recogida de residuos, transporte, mantenimiento de infraestructuras y, llegado el caso, dispositivos de protección civil mucho más costosos que los de un núcleo de población. Ese coste no lo soporta únicamente quien construye. Lo termina asumiendo toda la colectividad.
A ello se añade un problema del que apenas se habla: el papel que ha desempeñado la Administración durante décadas. La disciplina urbanística no es una competencia accesoria, sino una obligación legal y una herramienta esencial para proteger el territorio y, en último término, a las personas.
Sin embargo, la realidad demuestra que, durante demasiado tiempo, se ha permitido la proliferación de edificaciones ilegales en suelo rústico sin una respuesta eficaz. Esa inacción ha terminado generando un problema aún mayor: una vez materializadas miles de construcciones, la presión social se desplaza hacia los redactores de los planes urbanísticos para que las regularicen o las integren en el planeamiento.
Quienes hemos redactado planes generales conocemos bien ese proceso. Se nos pide incorporar al planeamiento una realidad ya existente, como si hubiera surgido espontáneamente, cuando en realidad es consecuencia, de años de indisciplina urbanística generalizada. Es una forma de trasladar el problema desde quien tenía la obligación de impedirlo hacia quien únicamente debe ordenar el territorio existente.
En Extremadura conocemos bien este fenómeno. La tesis doctoral del profesor Víctor Jiménez, realizada en la Universidad de Extremadura mediante el análisis de fotografías aéreas, contabilizó la existencia en el territorio de más de 40.000 viviendas ilegales y alrededor de 25.000 piscinas. Son cifras que hablan por sí solas de la dimensión alcanzada por este proceso.
Muchas de estas construcciones se presentan formalmente como casetas o "casetas de aperos" destinadas a la explotación agrícola. Sin embargo, la realidad suele ser muy distinta. Porches, chimeneas, piscinas, antenas de televisión o instalaciones propias de una residencia permanente o de segunda vivienda revelan un uso residencial difícil de ocultar. Ante el que las Administraciones hacen la "vista gorda".
No se trata únicamente de un problema de legalidad. Es, sobre todo, un problema de seguridad colectiva. Los grandes incendios forestales que estamos viviendo, cada vez más intensos y rápidos como consecuencia, entre otros factores, de los cambios climáticos y de la acumulación de combustible por el abandono del campo, están demostrando que la interfaz urbano-forestal constituye uno de los escenarios de mayor riesgo. Allí donde se mezclan viviendas y monte, proteger simultáneamente a las personas y al territorio se convierte en una tarea enormemente difícil. Y lamentablemente el número de víctimas irá en aumento.
Me temo que, una vez más, volveremos a escuchar que la explicación de esta tragedia se encuentra exclusivamente en el cambio climático y de paso se utilizará para motivos ideológicos. Será un error. Nadie puede negar que el aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas o los fenómenos meteorológicos extremos incrementan el riesgo y la intensidad de los incendios. Pero reducir toda la explicación a ese factor supone dejar fuera otras responsabilidades que también han contribuido a aumentar nuestra vulnerabilidad.
El cambio climático puede explicar la intensidad del incendio; pero es el Urbanismo el que explica por qué había personas y viviendas expuestas a él.
El cambio climático no explica por qué hemos permitido que miles de viviendas se implanten en lugares donde sabemos que serán extraordinariamente difíciles de proteger, de las que, en caso de incendio, habrá personas que no podrán salir ni protegerse. Tampoco explica la falta de disciplina urbanística ni las decisiones —o la ausencia de ellas— que han favorecido un modelo de ocupación dispersa del territorio.
Si de verdad queremos aprender de estas tragedias, deberíamos ser capaces de hablar de todas las causas y no solo de aquellas que resultan rentables políticamente. El Urbanismo, la gestión del territorio y el ejercicio efectivo de la disciplina urbanística también forman parte de la prevención. Ignorarlo sería desaprovechar una oportunidad para reducir el riesgo de futuras catástrofes.
Por eso sigo creyendo que no debemos fomentar nuevas viviendas en diseminado, ni convertir su regularización en la respuesta habitual. La mejor política pública no consiste en asumir como inevitable aquello que nunca debió producirse, sino en evitar que siga ocurriendo.
Ojalá esta reflexión hubiera quedado como una preocupación excesivamente prudente de quienes trabajamos en el planeamiento urbanístico. Desgraciadamente, los incendios de los últimos años nos recuerdan una y otra vez que el riesgo era real. Y que ignorarlo tiene un coste que, en ocasiones, se mide en vidas humanas.
A ello se añade un problema del que apenas se habla: el papel que ha desempeñado la Administración durante décadas. La disciplina urbanística no es una competencia accesoria, sino una obligación legal y una herramienta esencial para proteger el territorio y, en último término, a las personas.
Sin embargo, la realidad demuestra que, durante demasiado tiempo, se ha permitido la proliferación de edificaciones ilegales en suelo rústico sin una respuesta eficaz. Esa inacción ha terminado generando un problema aún mayor: una vez materializadas miles de construcciones, la presión social se desplaza hacia los redactores de los planes urbanísticos para que las regularicen o las integren en el planeamiento.
Quienes hemos redactado planes generales conocemos bien ese proceso. Se nos pide incorporar al planeamiento una realidad ya existente, como si hubiera surgido espontáneamente, cuando en realidad es consecuencia, de años de indisciplina urbanística generalizada. Es una forma de trasladar el problema desde quien tenía la obligación de impedirlo hacia quien únicamente debe ordenar el territorio existente.
En Extremadura conocemos bien este fenómeno. La tesis doctoral del profesor Víctor Jiménez, realizada en la Universidad de Extremadura mediante el análisis de fotografías aéreas, contabilizó la existencia en el territorio de más de 40.000 viviendas ilegales y alrededor de 25.000 piscinas. Son cifras que hablan por sí solas de la dimensión alcanzada por este proceso.
Muchas de estas construcciones se presentan formalmente como casetas o "casetas de aperos" destinadas a la explotación agrícola. Sin embargo, la realidad suele ser muy distinta. Porches, chimeneas, piscinas, antenas de televisión o instalaciones propias de una residencia permanente o de segunda vivienda revelan un uso residencial difícil de ocultar. Ante el que las Administraciones hacen la "vista gorda".
No se trata únicamente de un problema de legalidad. Es, sobre todo, un problema de seguridad colectiva. Los grandes incendios forestales que estamos viviendo, cada vez más intensos y rápidos como consecuencia, entre otros factores, de los cambios climáticos y de la acumulación de combustible por el abandono del campo, están demostrando que la interfaz urbano-forestal constituye uno de los escenarios de mayor riesgo. Allí donde se mezclan viviendas y monte, proteger simultáneamente a las personas y al territorio se convierte en una tarea enormemente difícil. Y lamentablemente el número de víctimas irá en aumento.
Me temo que, una vez más, volveremos a escuchar que la explicación de esta tragedia se encuentra exclusivamente en el cambio climático y de paso se utilizará para motivos ideológicos. Será un error. Nadie puede negar que el aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas o los fenómenos meteorológicos extremos incrementan el riesgo y la intensidad de los incendios. Pero reducir toda la explicación a ese factor supone dejar fuera otras responsabilidades que también han contribuido a aumentar nuestra vulnerabilidad.
El cambio climático puede explicar la intensidad del incendio; pero es el Urbanismo el que explica por qué había personas y viviendas expuestas a él.
El cambio climático no explica por qué hemos permitido que miles de viviendas se implanten en lugares donde sabemos que serán extraordinariamente difíciles de proteger, de las que, en caso de incendio, habrá personas que no podrán salir ni protegerse. Tampoco explica la falta de disciplina urbanística ni las decisiones —o la ausencia de ellas— que han favorecido un modelo de ocupación dispersa del territorio.
Si de verdad queremos aprender de estas tragedias, deberíamos ser capaces de hablar de todas las causas y no solo de aquellas que resultan rentables políticamente. El Urbanismo, la gestión del territorio y el ejercicio efectivo de la disciplina urbanística también forman parte de la prevención. Ignorarlo sería desaprovechar una oportunidad para reducir el riesgo de futuras catástrofes.
Por eso sigo creyendo que no debemos fomentar nuevas viviendas en diseminado, ni convertir su regularización en la respuesta habitual. La mejor política pública no consiste en asumir como inevitable aquello que nunca debió producirse, sino en evitar que siga ocurriendo.
Ojalá esta reflexión hubiera quedado como una preocupación excesivamente prudente de quienes trabajamos en el planeamiento urbanístico. Desgraciadamente, los incendios de los últimos años nos recuerdan una y otra vez que el riesgo era real. Y que ignorarlo tiene un coste que, en ocasiones, se mide en vidas humanas.
José-Carlos Salcedo, arquitecto.
Universidad de Extremadura
(*) Origen de las imágenes: Desconocido. Obtenidas de Internet.
