Sólo un mes después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado los tres recursos interpuestos contra la sentencia de demolición (de la Junta, de los dos ayuntamientos y de los propietarios), una Junta de Extremadura "en funciones" (por las elecciones) y con nocturnidad coincidiendo con la Navidad, ha publicado el Decreto 180/2025: Realiza una supuesta "precisión" por satélite de las curvas de nivel del embalse y... ¡voila!, la isla ha quedado fuera de la zona protegida de la ZEPA. Así es como la urbanización ilegal le ha "tocado la lotería de Navidad".
El asunto es tan burdo que veremos si los jueces se lo quieren creer o no, pero de entrada, funcionarios y políticos "se la están jugando" porque es ya el segundo intento descarado de retorcerle el brazo al Poder Judicial con excusas peregrinas. Y hasta ahora -extrañamente- no se han pedido responsabilidades por un asunto que nos costará al menos 1.000 euros por familia extremeña.
Nuestro análisis se publicará próximamente.
