Valdecañas, ¡demolición!: La hora de las responsabilidades políticas y administrativas


Hoy, 23 de septiembre de 2025, el Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso de la Junta de Extremadura contra la Sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que ordena la demolición total de la urbanización Marina Isla de Valdecañas. La única etapa que queda es la demolición final de la urbanización.

Se trata de la sentencia de demolición de construcciones ilegales más relevante de la historia del urbanismo español, superando casos como el hotel El Algarrobico en Cabo de Gata o el hotel Atlanterra en Zahara de los Atunes.

Durante años, la prensa ha centrado la atención en los ecologistas, los compradores de viviendas o en supuestos “intereses de lujo”, desviando la mirada de los verdaderos responsables: la Junta de Extremadura y las administraciones implicadas. Hoy es momento de apuntar:
  1. Responsabilidad de la Junta de Extremadura: La Junta autorizó, impulsó y sostuvo este proyecto privado en suelo protegido a sabiendas (porque ella misma lo había declarado innecesariamente), y será finalmente quien asuma la factura millonaria de la demolición, de la gestión ecológica de los residuos y hasta las indemnizaciones a la promotora y a los propietarios de las viviendas. Incluyendo los lucros cesantes (cantidades dejadas de percibir por las empresas). Esto confirma que los ecologistas, la empresa promotora o los compradores no eran los responsables. La gran mayoría de los extremeños no sabe esto. Se les ha ocultado.
  2. Maniobras de distracción mediática: La prensa ha favorecido una narrativa que desviaba la atención: ecologistas contra desarrollo, urbanización para ricos en un medio rural “pobre”, distrayendo con algunos compradores (presuntamente futbolistas famosos, cantantes o familiares del rey o de Aznar), o los puestos de trabajo que se iban a generar. Todo ello ha servido para ocultar durante una década la gestión deficiente de la Junta y de las administraciones competentes.
Principales responsables
  • Políticos del PSOE como Juan Carlos Rodríguez Ibarra (presidente de la Junta hasta 2007), Manuel Amigo Mateos (Consejero de Economía y Turismo) y Javier Corominas Rivera (presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, Urbanismo y Territorio). Más tarde José-Antonio Monago Terraza (presidente de la Junta 2011-2015, PP) que heredó el problema y lo continuó. Y después (PSOE) Guillermo Fernández Vara (presidente de la Junta 2007-2011 y 2015-2023) y Pilar Blanco-Morales Limones (Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, que es Catedrática de Universidad en Derecho).
  • Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, que respaldaron la urbanización al grito de "¡Bienvenido mister Marshall!".
  • Dirección General de Medio Ambiente, que emitió informes favorables al proyecto.
  • Agencia Extremeña de la Vivienda, Urbanismo y Territorio, que tramitó la operación.
  • Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (CUOTEX) que la aprobó.
  • Confederación Hidrográfica del Tajo, que autorizó construcciones sobre dominio público, privatización de playas, construcción de diques, vertidos, navegación por el embalse, etc.
  • Parlamento Europeo, cuya Eurocámara emitió un dictamen desfavorable a las denuncias de los ecologistas en 2007.
  • Asamblea de Extremadura (PP y PSOE), que modificó la Ley del Suelo en tan sólo 20 días para intentar legalizar la urbanización, maniobra que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en 2020. Mientras los minimunicipios de la provincia de Cáceres sufren durante años una Ley que demora la tramitación de sus planes urbanísticos.
El proyecto vulneró la Red Natura 2000, ZEPA (Zona Especial para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), e implicó modificaciones legales ad hoc para convertir suelo no urbanizable en urbanizable y, finalmente, urbano, generando enormes plusvalías privadas sin reversión pública.

Coste de la demolición e indemnizaciones

Según cálculos basados en autos judiciales y publicaciones científicas (Salcedo y Campesino, 2023), la demolición y las indemnizaciones ascenderán a, como mínimo 213 millones de euros (actualización a 2025). Esto representa el 2,56% del presupuesto regional de 8.309 millones de euros, o 202 euros por extremeño.

Conclusiones

El caso Marina Isla de Valdecañas es un manual de errores administrativos, urbanísticos y legales:
  • El ejecutivo no protegió los valores ambientales, no dispuso de la planificación territorial (DT, PT) y urbanística preceptiva y gestionó mal la urbanización.
  • El legislativo aprobó leyes y modificaciones rápidas para favorecer este proyecto privado, incluso en contra de sentencias previas, intentando "retorcer el brazo al TS".
  • El judicial ha cumplido con su obligación, sancionando a la Junta y asegurando la demolición para supuestamente revertir los terrenos que habían sido protegidos.
  • El cuarto poder, la prensa regional y nacional, ha contribuido a la desinformación, desviando la atención de los verdaderos responsables por intereses espurios.
El problema ha sido de la propia Administración regional, con todos los departamentos competentes implicados, que en lugar de saber aprovechar los ingentes recursos patrimoniales con los que Extremadura cuenta, legislando, planificando y gestionando con cultura positiva del territorio para hacer compatible el desarrollo socioeconómico con la protección del patrimonio natural y cultural, se ha enredado ella misma en su propia maraña legal.

La estrategia de la actual Junta de Extremadura va a ser la de aprovechar el último recurso sólo para demorar el desenlace y, con suerte, que le toque a otro ejecutivo. Mientras la cuenta de las indemnizaciones sigue creciendo.

Hoy es momento de que los extremeños que vamos a pagar la demolición hagamos a la Junta reconocer sus responsabilidades y de dejar claro que la urbanización ilegal no es culpa de ecologistas, promotores o compradores de las viviendas, sino de una administración autonómica que no controla su ordenación territorial, arruina inversiones y daña la imagen de Extremadura.


José-Carlos Salcedo
Departamento de Construcción.
Universidad de Extremadura



Referencias